Dirección de Correo, T. Gismera Velasco: atienzadelosjuglares@gmail.com

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sábado, 31 de enero de 2015

SAYATÓN: EL GUARDA DE MONTE ANGUÍX



   No demasiado fue el cariño que los vecinos de los pueblos en los que este personaje, obligado en la mayoría de los casos, campó.

   El guarda de monte siempre fue mal visto, porque generalmente estaba obligado a hacer que se cumpliese la ley, y generalmente también, los ciudadanos no gustaron nunca de cumplir la ley.

   Los del monte de Anguíx, propiedad de ricos terratenientes briocenses afincados en Madrid, tuvieron demasiados malos encuentros con los vecinos del entorno, la mayoría de las veces por caza ilegal, aunque no faltaron los de corta de leña, o la introducción de animales a pastar en propiedad ajena.

   Antonio P. R., guarda de dicho monte en 1897 tenía, además, fama de duro, y muchos de los vecinos de Sayatón se la tenían jurada, por aquello de las denuncias. En más de cuatro ocasiones tuvo que acudir a los juzgados a declarar contra alguno de ellos, y dos pastores del término, Francisco G. y Enrique C., después de haber sido multados varias veces se conjuraron para, a la primera ocasión, deshacerse del guarda.



   Claro que tenía que estar desarmado, puesto que acostumbraba a llevar dos armas de fuego encima, escopeta y revólver, por aquello de que más vale estar prevenido.

   Una de aquellas tardes de primavera, de finales del mes de mayo, ambos pastores, viéndole entrar en el pueblo, sin las armas, se hicieron la seña, sacaron las navajas y…

   Alguien vio en Sayatón lo que estaba sucediendo, e incluso por la cercanía del lugar de los hechos con su casa, sintió las voces la familia, y uno de los hijos acudió en su auxilio, pero ya nada podían hacer por él, puesto que estaba herido de muerte. Los dos pastores guardaron sus navajas, miraron al chico, y como diciéndole “ahí lo tienes”, se fueron caminando con pasmosa tranquilidad, a la taberna, como quien acaba de hacer una obra de bien.

   Fueron detenidos poco después, convictos y confesos, y juzgados, contando con dos abogados que años después llegarían a ser gloria de las audiencias provinciales, José María Solano y Tomás Bravo y Lecea. En esta ocasión no pudieron librar a sus defendidos de una condena a 20 años de cárcel.

Tomás Gismera Velasco